| Mitos y realidades A pesar de que las empresas privadas han colaborado desde hace muchos años con las autoridades en proyectos destinados a ofrecer servicios de agua y saneamiento, aún persisten algunos malos entendidos respecto al alcance de las APP. A continuación presentamos algunas reflexiones que esperamos ayuden a comprender mejor las Asociaciones Público-Privadas. |
| ¿Qué no son las Asociaciones Público-Privadas en los servicios de agua y saneamiento? 1. La transferencia de la propiedad del agua a una empresa privada. El agua es un bien común, cuya propiedad, claramente definida en la Constitución, corresponde a la Nación. Las asignaciones de pozos o fuentes superficiales de donde se extrae el agua que se utiliza como insumo para prestar el servicio siempre son adjudicadas a los municipios o estados, pero en ningún caso a la empresa prestadora del servicio. Así, las autoridades tienen en todo momento el derecho de retomar la operación de dichas fuentes y de establecer reglas para su utilización. 2. La empresa decide a quién dar agua, cuándo y a qué precio. Las tarifas son autorizadas por los cabildos o congresos estatales; en ningún caso la empresa privada tiene la atribución de fijar las tarifas. En los contratos que las empresas firman con las autoridades se establecen con claridad las zonas que serán atendidas por el privado, las actividades que deberá realizar, las metas a lograr, los parámetros de calidad y las sanciones por el no cumplimiento. Por lo tanto, quien decide a quién dar agua o no, es el gobierno. Precisamente una de las razones por la que las autoridades buscan el apoyo del sector privado es para acelerar el crecimiento en la cobertura de servicios y para mejorar la eficiencia del sistema de agua. 3. Las empresas tienen un fondo inagotable de recursos financieros para invertir en la mejora de los sistemas de agua. Las empresas utilizan recursos de sus accionistas y de los bancos para financiar las inversiones necesarias para lograr los compromisos establecidos en los contratos, sean éstos de ampliación de cobertura o de mejora en la eficiencia. Al final del día, igual que si el sistema de agua fuera manejado enteramente por el gobierno, el pago de los recursos invertidos por la empresa sólo puede obtenerse de dos fuentes: tarifas y subsidios. Así, el monto de las inversiones que puede aportar una empresa privada siempre está en función directa de la capacidad para recuperar el dinero a través de mejorar la eficiencia comercial, de reducir los costos de operación o de la aportación de recursos fiscales por el gobierno. 4. La APP son un mecanismo para que el gobierno le transfiera a una empresa la responsabilidad de asegurar servicios de agua y saneamiento a la población y se desentienda del tema. El gobierno puede delegar funciones pero nunca responsabilidades. De hecho, las experiencias más exitosas de APP se dan cuando la autoridad fortalece su función como regulador y trabaja conjuntamente con la empresa para lograr los objetivos trazados en el contrato. Los temas más comunes que se incluyen en la regulación son: el establecimiento de metas cuantitativas y cualitativas; calidad de servicio y atención a usuarios; tarifas e inversiones. 5. Las APP no son aplicables al caso de México porque las experiencias no han sido exitosas. Actualmente existen sólo tres ciudades en las que los servicios de agua son prestados por empresas privadas. En los tres casos, el desempeño relativo de las empresas y los resultados en calidad y cobertura están muy por encima del promedio nacional. Existen muchas otras ciudades donde los privados aportan sus capacidades en proyectos de tratamiento de aguas residuales, desalación y operación de acueductos. |
¿Qué son las Asociaciones Público-Privadas y para qué sirven en el caso de los servicios de agua y saneamiento? La participación privada es una herramienta y no un objetivo en sí misma; es útil para: 1. Incrementar la eficiencia en la operación del sistema de agua. Las empresas privadas son especialistas en la gestión de los servicios de agua; utilizan y desarrollan tecnología; trabajan sistemáticamente en la optimización de costos y emplean las mejores prácticas para cumplir efectivamente con sus compromisos de desempeño de la manera más eficiente y obtener ganancias. 2. Ampliar la cobertura de los servicios. Las empresas privadas tienen incentivos para buscar sistemáticamente ser más eficientes, es decir, prestar los servicios que les son encomendados al menor costo posible. Esto implica que la empresa tendrá incentivos también para conectar a más personas, dado que con ello obtendrá mayores ganancias. 3. Mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios. Las empresas privadas prestan sus servicios a partir de contratos donde se especifican las obligaciones que tienen. En caso de no cubrir dichas obligaciones, los contratos prevén sanciones para asegurar su cumplimiento. Este mecanismo de definición de obligaciones y supervisión por un tercero, genera una garantía a los usuarios de que los servicios serán prestados de acuerdo con el contrato. Cuando no hay contrato ni ley de servicios clara, los usuarios no tienen la certeza respecto al servicio que se les brindará. Tampoco tendrán los elementos para exigirlo. 4. Dar continuidad y estabilidad a los servicios en el largo plazo (despolitizar). Las empresas especialistas, cuya única función es prestar los servicios, trabajan con horizontes de largo plazo. Son entidades técnicas y no políticas que asumen riesgos técnicos y su resultado depende de la capacidad para manejar bien estos riesgos. Adicionalmente, los periodos de recuperación de las inversiones comúnmente son largos, lo que es un incentivo adicional para realizar una buena planeación de largo plazo. En suma, los tiempos y criterios que rigen el funcionamiento de estas asociaciones son técnicos y políticos. |